Con fecha 20 de julio de 2023, la Contraloría General de la República emitió el dictamen N° E370752N23, indicando medidas a ser adoptadas por los Órganos de la Administración del Estado para disminuir posibles riesgos de corrupción en materia de compras públicas.
Entre otras medidas, se indica que las bases de licitación deben contener un criterio de evaluación referido a si los oferentes cuentan con programas de integridad conocidos por su personal. Además, respecto de las contrataciones mediante trato directo, señala que esta materia debe ser mencionada en algunas de las cláusulas contractuales.
De acuerdo con el tenor de los pactos de integridad que se incluyen en algunas licitaciones, los programas deberían instruir al personal sobre corrupción, conductas contrarias a la libre competencia, y respeto a los derechos fundamentales, entre otras materias.
Como consecuencia de lo anterior, es de gran relevancia para las empresas que participen en licitaciones con el Estado contar con programas de integridad y cumplimiento que sean conocidos por sus trabajadores, ya que podría incidir directamente en el puntaje que obtengan al ser evaluadas y, en consecuencia, en sus posibilidades de adjudicación.
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